Sólo desde el punto de vista de las leyes de la dependencia neocolonial y la explotación del mundo del trabajo por las rentas de capital la ley Helms Burton podría albergar algún derecho indemnizatorio, al mismo tiempo que negar cualquier deuda histórica en relación con las mayorías sociales explotadas y pequeños propietarios anteriores que tuvieron que malvender su bienes raíces o a los que se les confiscó por la fuerza, del mismo modo que tampoco los indígenas de Estados Unidos y mejicanos a los que les robaron sus tierras y asesinaron a sus familiares pueden ejercer ninguna reclamación contra los actuales propietarios y gobernantes yanquis.

Pero no se hizo la revolución socialista cubana para aplicar el código de propiedad imperial y de la oligarquía sino, en todo caso, para reclamar una deuda histórica, cuyo montante supera con creces el coste de 60 años de bloqueo económico. No hay más que repasar las condiciones de vida en que se encontraba la mayor parte del pueblo cubano en la etapa de la seudorrepública, explicado de forma elocuente por Iroel en su artículo, para darse cuenta de que, por grande que fuera el patrimonio de la oligarquía cubana y las empresas yanquis intervenido por la revolución en nombre del pueblo explotado, saqueado y humillado durante décadas, todavía habría una deuda que resarcir a quienes se convirtieron en los legítimos dueños y protagonistas de la nueva Cuba revolucionaria.

Puesto que en los temas sociales siempre es determinante el punto de vista, las creencias y los valores en juego, la aplicación extraterritorial y retroactiva de un derecho de propiedad adquirido mediante el uso de la fuerza y de leyes de explotación que convirtieron a una mayoría social en una mercancía de usar y tirar sólo puede contar con el visto bueno de una despreciable minoría privilegiada, que nunca se sintió en el deber de indemnizar a sus víctimas. Estas en cambio deben defender otros planteamientos en su legítima defensa y dignas aspiraciones como seres humanos.

En la recta final de la campaña electoral que estamos viviendo en España y que terminará el próximo domingo con la elección de los representantes municipales, autonómicos y europeos, uno de los temás más polémicos es la diferente valoración de las donaciones realizadas por Amancio Ortega, dueño de Inditex y uno de los hombres más ricos del mundos, en equipos médicos a la cada vez más deteriorada y desmantelada sanidad pública. Para la derecha y el PSOE es todo un ejemplo de filantropía, que ha llevado a la extrema derecha de Vox a reivindicar que el principal hospital de Las Palmas de Gran Canaria deje de llamarse Juan Negrín (uno de los intelectuales españoles más brillantes del siglo XX y expresidente de la II República) para pasar a llamarse Amancio Ortega. Parece irrelevante que el personaje de marras fabrique la ropa en condiciones de esclavitud en el tercer mundo y que utilice toda su influencia en España para que el sistema tributario sea cada día más regresivo e insolidario, permitiendo eludir el pago, cada vez más menguante, con multitud de desgravaciones (entre ellas, una parte de las donaciones realizadas) y la evasión a paraísos fiscales. Toda una campaña de imagen para que el pueblo acepte lo injustificable: que 18 personas como él acumulen un patrimonio superior al de la mitad más pobre de toda la humanidad.

La riqueza en todas su formas debe estar al servicio del interés general y no de la adicción a una forma de juego patológica que consiste en la acumulación creciente de riqueza que excluye y despoja cada vez a más gente de condiciones de vida dignas. Resulta inconcebible e inaceptable que, desde el punto de vista de las mayorías, que son consideradas por el derecho y la ideología de la clase capitalista una mercancía de usar y tirar, no se produzca la lógica rebelión contra siglos de injusticia en defensa del derecho a una vida digna cambiando el derecho de propiedad y fiscal. Pero lo que ya incurre en la grosería y el desprecio más absoluto es que una nación de genocidas, que ha hecho del robo y el asesinato su modus vivendi, pretenda hacer, 60 años después de que sus crímenes de lesa humanidad cesaran en Cuba, una reclamación extraterritorial y retroactiva de los bienes intervenidos y confiscados por cuenta de la deuda histórica que el pueblo yanqui tiene todavía que resarcir al pueblo cubano como resultado de la ocupación neocolonial de la isla y del bloqueo.