La libertad de expresión podría ser un derecho ilimitado y sin cortapisas si la información no tuviera un efecto contagioso sobre otras personas, en especial cuando se transmite desde determinados aparatos o tribunas en sociedades estructuradas en clases sociales donde una de ellas, censalmente minoritaria, goza de privilegios que pretende mantener y ampliar.

Como la información tiene un efecto contagioso sobre otras personas, quienes vivimos en sociedades estructuradas en clases sociales (en que la minoría privilegiada ha construido un oligopolio para que su información tenga carácter totalitario y determinante sobre el imaginario colectivo) deberíamos hablar menos de libertad de expresión y más del derecho a una información veraz.

Más bien deberíamos considerar uno de los mayores flagelos (si no el mayor) el concepto de libertad de expresión imperante ya que se ha convertido es un espacio de impunidad desde el que se manipula la conciencia de la gente y se chantajea a las instituciones que deben velar por los derechos humanos y la seguridad jurídica a la hora de aplicar el derecho de forma objetiva e imparcial.

Lo podemos apreciar en el presente artículo: los periodistas son testigos de primer orden de que se trata de un ajuste de cuentas de la policía, en componendas con los narcotraficantes para garantizar la seguridad en el cobro de la droga y las mordidas. Sin embargo, se limitan a contar lo que les transmiten los voceros de un sistema cada día más controlado por el crimen organizado, en la medida en que las grandes corporaciones e intereses del crimen organizado van ganando posiciones hegemónicas en el oligopolio mediático y sus vasos comunicantes.

Cuanto más consintamos la impunidad y manipulación de los grandes medios, mayor va a ser el poder y control del crimen organizado sobre las instituciones y nuestras vidas ya que, al ser más lucrativo y disfrutar de opacidad y accesibilidad total a la propiedad de los medios mediante la compra de acciones, va ganando posiciones cada día que pasa. No hay más que fijarse en lo poco efectivas y ambiciosas que han sido las pocas leyes que, en nombre del derecho a una información veraz, han intentado regular y controlar a los medios y la virulencia que estos emplean cuando se cuestiona su poder y la cobertura que prestan a la impunidad y las grandes corporaciones, como sería el caso de Rafael Correa e Ecuador y Cristina Fernández en Argentina, a los que se pretende inhabilitar ahora convirtiéndolos en nuevos presos políticos de la Santa Inquisición neoliberal, en que se ha convertido el poder judicial.

En la lucha de clases imperante en el mundo capitalista, donde las técnicas de persuasión tienen un poder absoluto y determinante, el objetivo número uno para las mayorías humildes debe ser el cambio del paradigma hegemónico, en que estas carecen de instrumentos de autodefensa en la arena política, dejándose arrollar por el enemigo y sus perversos intereses. O intentamos encontrar el modo de garantizar el derecho a una información veraz o la solución tendrá que ser dotarse de instrumentos de clase comprometidos, denunciar que no existe la mediación social independiente ( basta con conocer a sus propietarios), garantizar la máxima participación social en la creación de opinión y que gane el mejor.