Ahora la pregunta que debemos formularnos es si en Colombia se permitiría el triunfo de la izquierda alternativa, algo que se sabía que no iba a ocurrir en esta ocasión o que, en el peor de los casos, se iba a solventar recurriendo al fraude electoral. El valor estratégico de Colombia para la desestabilización de América Latina y la contrarrevolución y, por encima de todo, su condición de estado fallido al servicio del narcotráfico, del robo de tierras por los latifundista y de las transnacionales no permitirían un experimento de cambio real como el acontecido en naciones del entorno (Venezuela, Bolivia, Ecuador), sobre todo a estas alturas y con Trump como máxima autoridad del imperio. Va a ser muy difícil que las urnas arrojen resultados favorables a los partidos no turnistas o populistas (expresión despectiva con la que los peones de los partidos turnistas intentan descalificar a los líderes y partidos que representan a las mayorías sociales), aunque para ello se tenga que recurrir al fraude electoral (como en Honduras), al procesamiento de gobernantes y líderes (como Dilma y Lula en Brasil) o al asesinato (que en el caso de Colombia es una herramienta de trabajo tradicional y coste cero para los intereses de la oligarquía y sus peones). No olvidemos las implicaciones de la familia Uribe en los asesinatos de líderes sociales, no solamente en Colombia sino incluso en Venezuela. Conocida es la implicación de Alvaro Uribe en el asesinato del joven y brillante diputado venezolano Robert Serra y su pareja, en un intento de controlar el proceso de transformación en Venezuela del único modo que saben hacerlo estos criminales, que siguen gozando de inmunidad para sus negocios y asesinatos y no van a permitir que un gobierno alternativo convierta a Colombia en un estado de derecho y, menos todavía, en una democracia.

Con este comentario pretendo también refutar la argumentación en su comentario de Sebastian, quien parece confundir los resultados de un experimento controlado, con la clara intención de convertir a Colombia en un estado de derecho incluyente y democrático, con un sistema realmente abierto a toda clase de opciones políticas y donde vale lo mismo el voto de un campesino sin tierras que el de un oligarca. Si las diferencias políticas se pudieran dirimir en el terreno electoral, hace ya muchos años (desde que se aprobó el sufragio universal) que los partidos de la oligarquía tendrían la condición de marginales (en clara correspondencia con su participación en el censo electoral) y serían los partidos compromisarios de las mayorías sociales (más del 90% del censo electoral) los que gobernarían de forma ininterrumpida, pero, en el imaginario colectivo creado por los medios de persuasión de la oligarquía, estos partidos no merecen otro calificativo que el de populistas o antisistema, lo que no deja de ser cierto, pero sólo en boca de la minoría privilegiada y sus peones ello puede tener un carácter peyorativo.

Quienes vivimos en sistemas plutocráticos, estamos acostumbrados a ver cómo los partidos turnistas de la oligarquía intentan abarcar todos los espacios del arco parlamentario (la derecha con los partidos conservadores, el centro con los partidos liberales y la izquierda con los partidos socialdemócratas) y todas las demandas y aspiraciones de las mayorías sociales, de forma que unos y otros intentan conectar el pueblo insatisfecho cada vez que el partido turnista en el poder (no importa si es conservador, liberal o socialdemócrata) incumple sus compromisos electorales al servicio de los intereses de la oligarquía para convertirse en la alternativa, que todos los medios oligárquicos que juegan en el bando correspondiente intentarán hacer creíble para, una vez en el poder, tomar el relevo del partido turnista anterior.