En la película surrealista “Amanece que no es poco”, del director español José Luis Cuerda, hay un momento estelar en que el comandante de puesto de un pueblo de la España profunda anuncia a los vecinos: “las elecciones las ha perdido la guardia civil y las ha ganado la secreta, que somos nosotros”. Que alguien nos explique para qué sirven las elecciones en naciones como Alemania, en que los tradicionales adversarios se reúnen tras los comicios para negociar un programa común, que jamás traicionará la línea roja de la acumulación creciente de riqueza por parte de una minoría, aunque para ello se tengan que sacrificar los derechos y renta del resto. Allí donde el circo electoral lo protagonizan los tradicionales aliados de la oligarquía (incluida la socialdemocracia), sin programas vinculantes ni responsabilidades y con la desequilibrante ayuda de los medios de persuasión de la oligarquía, la normalidad democrática está más que garantizada pero al alto precio de convertir la política en una farsa nauseabunda.

La irrupción de políticos y partidos alternativos al modelo burgués, sobre todo en respuesta al neoliberalismo, ha creado la necesidad de que la política se convierta cada día más en una farsa, de la que no puede estar ausente el poder judicial. Cuando en España una jueza dispuso de pruebas y argumentos para condenar a un famoso banquero, Emilio Botín, la secretaria de estado del Ministerio de Justicia ordenó al abogado del estado y al fiscal de turno que retirara los cargos. Ahora, para que no sea una excepción cuando un pez gordo se vea en apuros, se la llama “doctrina Botín” y se la considera un precedente perfectamente válido, justo y democrático. Los banqueros que protagonizaron la macroestafa de la burbuja inmobiliaria seduciendo a los pequeños ahorradores, a los que regalaban todo el dinero que se les antojaba para que el precio de la vivienda subiera como la espuma y a los que tranquilizaban asegurándoles que siempre podrían recuperar el dinero invertido y obtener beneficios vendiendo el bien más rentable del momento, salieron por la puerta grande con indemnizaciones o pensiones millonarias. Era el merecido premio al enriquecimiento ilítico y al consecuente desmantelamiento de lo que quedaba de la mal llamada sociedad del bienestar. En cambio, los mismos aparatos estatales y judiciales que blindan un sistema corrupto tienen la indeclinable tarea de cerrar el paso a quienes puedan representar una alternativa de poder, ya se trate de Lula en Brasil o de los líderes de Podemos en España.

Por suerte, el sistema político cubano no ha regalado a sus eternos enemigos de clase lo que tanto le costó conquistar y lo que se perdería irremediablemente si se adoptaran como democráticas las reglas de juego del capitalismo, donde la opinión pública se confunde con la opinión publicada por los aparatos ideológicos de la oligarquía, el ejercicio del poder es una carrera de relevos entre sus partidos compromisarios, sin ningún tipo de responsabilidad ni compromiso con los electores (como en los despotismos y tiranías clásicos) y donde el poder judicial se convierte a menudo en un instrumento de represión y linchamiento de todo lo que pueda representar una alternativa de poder y de apuntalamiento de los privilegios y corrupción reinantes.