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1. Mercado mayorista. Los llamados cuentapropistas y productores individuales deben tener la facilidad de adquirir sus insumos a precios, no subsidiados, pero si por debajo de los de la red minorista. Para adquirirlos en el mayorista, deberán estar autorizados y previamente registrados. Ese mercado debe estar lo suficientemente surtido para cubrir las necesidades. Debe ser también un requisito inviolable para ejercer la actividad privada. Mediante los sistemas informáticos, esto facilitaría el cruce de información que permita tener una información más real sobre el nivel de actividad del cuentapropista y en consecuencia sobre el pago de sus impuestos cerrándole espacio a la evasión fiscal y por ende al enriquecimiento ilícito.
2. Reformas a la política impositiva que, existiendo ya el mercado mayorista, estimule la formalidad. Es decir que el cuentapropista se sienta estimulado a adquirir sus insumos en el mercado mayorista y en consecuencia lo desestimule a utilizar el mercado informal. Un ejemplo: Digamos que a los transportistas (boteros) se le exija la compra obligatoria de una determinada cantidad de combustible al precio que hoy se le vende al sector estatal, que no es subsidiado pero si está por debajo del precio al particular. Si ese botero además, tiene un establecimiento donde igualmente a precio estatal, no subsidiado, pero menor que el de la red minorista, puede adquirir los lubricantes, neumáticos y piezas de repuesto, estimulo que no los adquiera en el mercado informal y además, mediante la informática, puedo determinar con mayor exactitud cuántos kms habrá recorrido y por tanto recaudado y así de acuerdo con sus ingresos netos, puedo establecerle el impuesto a pagar y no una cuota fija como es ahora. Con ello igualmente, le cierro espacio al desvío o robo de combustible, neumáticos y piezas de repuesto, etc. y también al negocio particular de importación de éstos por parte de personas que, mediante los viajes al exterior, se dedican a ello, no pagan impuestos y sobornan para el ingreso de los productos al país.

De igual forma, mecánicos, chapistas, pintores, tapiceros, etc, podrían tener su mercado mayorista y expedir la correspondiente factura por el servicio prestado. Los llamados “boteros” tendrían así una forma legal de adquirir esos servicios y justificar sus gastos para deducir de los impuestos a pagar.

Esto debe contribuir a una disminución de costos y en consecuencia, cabría la posibilidad de exigir y fiscalizar reducciones en el precio del pasaje. En muchos países, los transportistas no pueden subir los precios porque el Estado subsidia la actividad. Aquí no se plantea subsidiarla, sino vender los insumos a menor precio mediante el mercado mayorista.

3. Exigir la legalidad y legitimidad del origen de los fondos para cualquier emprendimiento privado. No hay que ser experto para conocer que determinados “negocios” y emprendimientos, han requerido de un volumen de inversión cuantiosa y que ese monto no ha sido posible reunirlo como resultado del ahorro y el trabajo honesto. Se comenta igualmente que muchos de los fondos invertidos tienen también su origen más allá de nuestras fronteras. Es decir ha habido inversión extranjera (sin distingo de nacionalidad) por fuera de lo que establece la Ley.

Pero cuántos negocios no se han abierto con dinero resultado de la malversación, el robo al Estado y el desvío de recursos. Si no se exigen pruebas de la licitud de los recursos financieros, se continuará estimulando esta práctica nociva.

Para que exista capital, tiene que haber una acumulación originaria. Marx lo demostró en su obra fundamental. En los antiguos países socialistas y la ex-URSS, se conoce perfectamente que la acumulación originaria surgió de la segunda economía y de la apropiación de los recursos y empresas estatales por parte de una dirigencia corrupta.

4. Exigir la declaración patrimonial a todo dirigente político o administrativo a cualquier nivel que tenga recursos materiales o financieros del Estado bajo su responsabilidad. Esto, incluso, debería exigirse a los trabajadores y empleados de establecimientos que presten servicios o expendan productos.

La riqueza es algo que, en nuestro país, no se puede ocultar. ¿Cómo es posible que un simple administrador o trabajador de una tienda, una gasolinera, un almacén, un director de una empresa, un chofer, etc., etc., a los seis meses de ocupar su empleo, cambie radicalmente su modo de vida y patrimonio?

5. Presencia del Estado en ciertas actividades. Está claro que el Estado no tiene que competir con el barbero, la peluquera, el carpintero, electricista, plomero, albañil, zapatero remendón, etc., pero si no debe estar ausente en determinadas actividades de la producción y servicio muy sensibles que aunque no sean básicas y esenciales como las de educación, salud, registro civil y otras indelegables, si son de mucha sensibilidad. El Estado tiene el poder y la capacidad necesaria para competir en estas actividades, operar dentro del régimen de la oferta y la demanda, pero con su poder, competir para obligar, de un modo razonable y que no ahogue al privado, a bajar precios y evitar así el enriquecimiento exorbitante producto de dejar el monopolio de la actividad en manos privadas.

Un ejemplo que hay que elogiar, es la reciente creación de las empresas de taxis rutero en determinados municipios. Aún, dada la demanda, son insuficientes, pero esperemos que, en la medida de lo posible, se continúe ampliando. Es de esperar que con ello, se logre una reducción en los precios del transporte.

Experiencias como éstas deberían hacerse en otras actividades.

Hasta aquí por el momento.