Todos esos opositores (como Livio Delgado) que acusan a Maduro de prepotencia y autoritarismo hacia la Asamblea Nacional no sólo no son capaces de reconocer que el poder ejecutivo existe y es independiente del legislativo sino que omiten toda clase de valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los compromisos electorales de las diferentes instituciones y si sus políticas están al servicio de la mayoría o de una minoría privilegiada, habida cuenta de que, en democracia, la soberanía reside en el pueblo y no en la Asamblea Nacional ni en el Presidente ni en el Despacho Oval. Sin embargo, en las plutocracias la voluntad del pueblo no cuenta, de ahí que las constituciones prohíban el carácter vinculante del mandato popular.

Jamás un medio de comunicación o compromisario político de la tiranía burguesa analizará el comportamiento de la oposición (como es el caso de Nicolás Maduro) en función del grado de cumplimiento de sus compromisos electorales o de coherencia de sus políticas con los intereses de las clases sociales a las que dicen representar. Esto no cuenta en las plutocracias. Todos recordamos las declaraciones de Menem cuando le reprocharon un giro de 180 grados en sus políticas respecto de lo prometido en campaña electoral. Vino a decir que, de haber informado sobre lo que iba a hacer realmente, nadie le hubiera votado. ¿Es moralmente lícito que un político pueda prometer una cosa y hacer la contraria? ¿Tiene algo que ver con la democracia o más bien con el despotismo y la tiranía? En realidad, lo único reprobable a los ojos de la oposición burguesa respecto de los gobiernos reformistas de América Latina (como el venezolano) es que cumplen sus compromisos con las mayorías humildes (aunque justo sea reconocer que no todos) y es esto precisamente lo que ha desatado la ira de la burguesía y sus esbirros, que han controlado la política tradicionalmente al servicio de sus intereses. Es esta falta de respeto a las reglas del juego, tanto a nivel institucional como en la vida cotidiana, lo que delata el carácter profundamente antidemocrático de la oposición venezolana, así como del funcionamiento del sistema antes de Chávez.

El problema fundamental del socialismo bolivariano es que ha confundido plutocracia con democracia o que ha creído que era posible una transición pacífica de la primera a la segunda. Lo que había en Venezuela antes de Chávez no era normalidad democrática sino plutocrática. Al pueblo se le convocaba a elecciones cada cuatro años, tomando la precaución (como si ello hiciera falta) de excluir del censo electoral a millones de venezolanos (lo que no creo que impidiera a la legislación el reconocimiento del sufragio universal). Pero la misión de los electores no era dar instrucciones a los candidatos ni hacer vinculantes las ofertas electorales de estos, sino elegir entre los candidatos de la oligarquía que el poder mediático burgués había declarado más confiables, atractivos y capaces. Era muy difícil que en el turnismo de partidos burgueses (incluidos, por supuesto, los socialdemócratas) ocurrieran conflictos de intereses relevantes entre las diferentes instituciones. Al día siguiente de las elecciones, como ya denunciara magistralmente Rousseau en el siglo XVIII, los electores ya no eran nada, eran esclavos.

Todos esos opositores (como Livio Delgado) que acusan a Maduro de no prepotencia y autoritarismo hacia la Asamblea Nacional no sólo no son capaces de reconocer que el poder ejecutivo existe y es independiente del legislativo sino que toda clase de valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los compromisos electorales de las diferentes instituciones y si sus políticas están al servicio de la mayoría o de una minoría privilegiada, habida cuenta de que, en democracia, la soberanía reside en el pueblo y no en la Asamblea Nacional ni en el Presidente ni en el Despacho Oval. Sin embargo, en las plutocracias la voluntad del pueblo no cuenta, de ahí que las constituciones prohíban el carácter vinculante del mandato popular. Sin duda, Hugo Chávez se equivocó al creer que a las instituciones plutocráticas se va a cumplir los programas electorales y defender los intereses de las mayorías, de ahí que su triunfo electoral abriera la caja de los truenos y provocara el desacato y las hostilidades de los representantes de la plutocracia en las instituciones, así como de los poderes fácticos. Si al menos hubiera atendido los sabios y honestos consejos de uno de los halcones de las Azores, José María Aznar, cuando le dijo que él podría tener un lugar de honor en el Olimpo de la plutocracia, pero metió la pata al preguntar por Haití, a lo que este respondió: “Haití, se jodió”.

Yo creo que, del ejemplo de Venezuela, se debe llegar a la conclusión de que no es posible la transición pacífica de la plutocracia a la democracia sin cambios relevantes en el derecho político y constitucional que impriman carácter vinculante a los programas electorales y responsabilidad penal a quienes los incumplan, ya que únicamente la seguridad jurídica de que el incumplimiento llevaría aparejadas graves sanciones disuadiría a los compromisarios de la oligarquía económica (una minoría insignificante del censo electoral) de concurrir a las elecciones. Por otra parte, también habría que garantizar el derecho a una información veraz y la democratización de medios, ya que, de otro modo, no se podría descartar que la minoría privilegiada conquistara el poder con publicidad engañosa (como toda la concerniente a las bondades y éxitos de las políticas neoliberales). A menos que logremos convencernos de la necesidad de este tipo de medidas y de que cuenten con el apoyo de los partidos alternativos al vigente sistema plutocrático, la transición hacia la democracia va a resultar muy difícil y traumática, por no decir imposible. Desde que las democracias burguesas lograron imponer la teoría del mandato representativo y las clases inferiores consintieron que los aparatos ideológicos de la burguesía hablaran por toda la sociedad y conformaran su imaginario colectivo, vivimos la Historia como farsa.

Fervorosamente invocan Estados Unidos y Canadá la aplicación de la llamada Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Venezuela.

Pero

En ninguna publicación de la OEA ni en su página web consta que Canadá o Estados Unidos hayan suscrito dicha carta, por lo cual no tienen derecho a invocarla ni a asistir ni votar en sesiones donde se debata su aplicación.

–El secretario general de la OEA intenta movilizar al Consejo Permanente para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela.

Pero

El artículo 17 de dicha carta establece que la OEA sólo puede actuar cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, lo cual no ha sucedido, sucede ni sucederá.

–La oposición intenta utilizar su mayoría en un solo poder, el Legislativo, para destituir al presidente del Ejecutivo; remover a los jueces del Poder Judicial, imponer su voluntad al poder electoral y coaccionar al poder moral.

Pero

Es el propio Poder Legislativo el que atenta contra la Constitución al empeñarse en incorporar a diputados, cuya elección ha sido anulada por el mismo poder electoral, gracias al cual están en sus curules todos y cada uno de los diputados de la oposición.

–El almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en su reporte al Comité de Servicios Militares del Senado de dicho país, afirma que la creciente crisis humanitaria en Venezuela puede eventualmente obligar a una respuesta regional.

Pero

El supuesto de crisis humanitaria no está previsto en la Carta Democrática de la OEA ni tiene definición precisa en el orden internacional, ni está presente en Venezuela, la cual, según la Organización de Naciones Unidas, presenta un grado de desarrollo humano alto, superior al de la mayoría de los países del hemisferio, entre otros México, Brasil, Perú, Paraguay y Colombia, cuya crisis social jamás ha movido a Estados Unidos a amenazarlos con una respuesta regional.

–El delegado de Honduras ante la OEA convoca sorpresivamente a una reunión del Consejo Permanente, asume sin haber sido elegido para ello la presidencia de éste y 17 países de los 34 que integran el organismo adoptan una decisión contra Venezuela, según la cual ocurre en ella grave alteración inconstitucional del orden democrático y se exige al gobierno de Nicolás Maduro que reconozca la plena autoridad de la Asamblea Nacional.

Pero

El delegado de Honduras no puede convocar ni disolver reuniones del Consejo Permanente, pues la presidencia de éste corresponde al delegado de Bolivia y la vicepresidencia al delegado de Haití, por lo cual la grave alteración inconstitucional del orden democrático ocurre en la propia OEA, a la cual cabe exigirle que reconozca la plena autoridad del Consejo Permanente con la presidencia electa de Bolivia y la vicepresidencia de Haití.

–Al presentar la memoria y cuenta del Ministerio Público, la fiscal general de la República se mostró en desacato con las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia alegando que considero un deber histórico ineludible denunciar varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional, coincidiendo como por casualidad con los términos del nulo Consejo Permanente de la OEA.

Pero

El verdadero deber histórico ineludible de la fiscalía era llevar ante los tribunales a la docena de oligopolios responsables de la desaparición de 60 mil millones de dólares preferenciales en importaciones fantasma y a los culpables del contrabando de extracción, sin los cuales no habría desabasto ni Asamblea Nacional en manos de la oposición.

–El pueblo sale a manifestar contra la derecha, que llama a la OEA, que llama al Comando Sur, que llama a la respuesta regional.

Pero

Más útil sería manifestar contra los oligopolios que desaparecen los dólares preferenciales que les otorga el gobierno y contra los responsables del contrabando de extracción, sin los cuales no habría escasez ni elecciones perdidas, ni tantas gallinas queriendo cantar como los gallos.
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/23/opinion/021a1mun