Cada vez con más frecuencia en mi país (España) se habla de que tal o cual político está implicado en casos de corrupción, a lo sumo de la existencia de tramas y organizaciones dedicadas a la corrupción, pero nunca se denuncia la existencia de un cártel mediático (entre cuyos propietarios predominan grandes empresarios y corporaciones relacionados con el franquismo, la mafia italiana y el crimen organizado en general) que, en cada legislatura o mandato, pone las condiciones para llegar al poder y crea los estados de opinión favorables a las fuerzas políticas dispuestas a satisfacer sus intereses, algunas de las cuales no ofrecen la menor resistencia, ya que nacieron para servirles (como sería el caso del PP) o hubo un momento en el proceso histórico que se logró cambiar el rumbo chantajeando e imponiendo a las personas adecuadas (que sería el caso del felipismo en el PSOE o el carrillismo en el PCE).

Mientras los ciudadanos del mal llamado mundo libre no comprendan que existe un cártel mediático capaz de determinar el curso de los acontecimientos en las instituciones, sin el que resultaría imposible entender que las políticas neoliberales y otras formas de crimen organizado hayan logrado echar raíces en sociedades que hace unas décadas gozaban de un modelo de estado del bienestar y libertades formales, va a ser muy difícil cambiar la realidad y que gobiernos como el de Venezuela, el de Ecuador o el de Bolivia, que representan lo mejor de la tradición socialista y socialdemócrata mundial (como la de Allende en Chile y la de Olof Palme en Suecia), se consoliden y alcancen sus objetivos.

Existe un proyecto minero privado (Pelambres) del magnate Andrónico Luksic, en el Norte de Chile, que ha utilizado las aguas (además de hacerlas inservibles) de la comunidad de Caimanes, donde residen varios cientos de personas. es un derecho humano básico que ha sido cercenado por esta empresa. La Corte Suprema del país emitió un fallo que le impone a dicha minera el reponer el agua y detener sus actividades. Esta no lo ha acatado, haciendo caso omiso de dicho dictámen y el gobierno de Chile envía fuerzas especiales de la policía, a reprimir a quienes protestan y reclaman por SU agua. La prensa apenas menciona la situación (si es que). Es un caso lleno de anomalías, que hablan de una corrupción galopante y que alarma. Y sin embargo, aquí hay una cantidad de parlamentarios ´”demócratas”, que proponen condenas contra Venezuela o Cuba, casi una vez por semana. Definitivamente, el mundo al revés.