Hoy puede leerse en el diario digital Público los reveladores datos de la ONG Oxfam Intermon sobre las desigualdades de clase en España, donde el patrimonio de 3 personas duplica el de los 9 millones más pobres y donde el 10% más rico supera en patrimonio al 90% restante. ¿En qué momento del periodo “democrático” el 90% inferior estableció o consintió que el 10% superior acaparara más patrimonio en una nación cuya carta magna reconoce que la riqueza del país en todas sus manifestaciones y cualquiera que sea la titularidad está subordinada al interés general (art. 128)? O la clase política que viene gobernando este país desde 1978 no se ha leído la Constitución o no es a la mayoría de los españoles a quien representa sino, en todo caso, a ese 10% privilegiado. Curiosamente, lo que ocurre en España es fiel reflejo de lo que ocurre en cualquier democracia burguesa, donde los privilegiados, con ser una minoría insignificante, se han convertido en los más enérgicos defensores del modelo.

Sin embargo, analizando con una cierta perspectiva histórica (las últimas décadas) y aunque no resulte políticamente correcto, debo decir que han sido las desigualdades de género (con las de instrucción) las que más se han reducido en la España democrática, además de modo bastante significativo, aunque las diferencias de clase sigan siendo responsables de que entre las mujeres siga habiendo profunda desigualdad. Gracias a la lucha bien organizada del movimiento feminista y a que representan el 50% del censo electoral, hoy las mujeres españoles disfrutan de derechos y libertades que hace tan sólo unas décadas eran impensables. El hecho de que, de un modo hipócrita, los partidos conservadores se preocupen de que aparezcan mujeres en sus listas y de que los medios de comunicación burgueses dediquen un obituario a cada víctima en sus espacios informativos de máxima audiencia demuestra la relevancia de la mujer en la vida política y social.

Las españolas aventajan a los españoles en el nivel de instrucción; deciden cada día con mayor libertad su orientación sexual, su vida matrimonial y la maternidad y, si bien es cierto, que siguen sufriendo el flagelo del salario desigual por la condición de la maternidad y por su menor capacidad física para algunos trabajos manuales, también tienen una elevada presencia y reputación en el mundo del trabajo. Por este motivo es que el PP decidió complacer a la iglesia católica y a lo más cavernario de la sociedad española para lograr por la vía de la represión penal lo que ya no se puede logar por la vía del adoctrinamiento religioso (que ahora se pretende incrementar en las aulas), como en el caso del proyecto de ley contra el aborto, que pretendía penalizar hasta el aborto por malformaciones físicas y psíquicas en un país donde los dependientes sólo tienen derecho a participar en un proyecto experimental de aborto diferido.

Lo realmente significativo en la España actual son las enormes diferencias de clase, de tal forma que una mujer de clase alta está a años luz de la situación de un hombre de clase baja. Tiene posibilidades de estudiar en las universidades más importantes del mundo, de abortar en clínicas privadas dentro o fuera de España, dirigir empresas y contribuir a que las españolas de clase baja cada vez encuentren más dificultades en el ejercicio de sus derechos, lo que también le ocurre a los españoles de clase baja. No vamos a negar el valor pedagógico y preventivo de los obituarios en los medios de comunicación contra la violencia de género, pero hay que reconocer que, por cada víctima que se produce por este concepto, hay cientos de españolas y españoles que mueren por suicidio, malos tratos a la infancia o enfermedades evitables. Todas estas víctimas y las causas que las provocan también deberían lograr notoriedad en los medios de comunicación, pero me temo que esto no va a ser posible ya que afectaría a los cimientos del sistema.

Curiosamente, en Cuba no se acostumbra a hablar de la violencia de género en los informativos (y no es porque no exista, aunque en menor proporción), mientras que están plenamente garantizados y adquieren notoriedad en los medios de comunicación los derechos de la mujer a la hora estudiar, de utilizar anticonceptivos o abortar, de acceder al trabajo, de jubilarse (5 años antes que el varón), de recibir atención psicológica en atención primaria o de ser madres (existe un programa de salud específico para ello).

Saludos