02 de julio, 2013 — La Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos prohíbe a los Estados interferir en la privacidad de las personas bajo su jurisdicción, subrayó hoy la Oficina de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Al responder a una pregunta sobre el impacto de los programas de vigilancia masiva en las garantías fundamentales, el portavoz de esa Oficina, Rupert Colville, recordó que ese instrumento internacional estipula que, por ley, los Estados deben proteger a las personas de interferencias ilegales o arbitrarias de s privacidad.
“En otras palabras, cualquier acto que tenga impacto en la privacidad de una persona debe ser legal. Esto quiere decir que cualquier búsqueda, vigilancia o colección de datos sobre una persona debe ser autorizada por ley”, dijo.
Colville añadió que para que ese tipo de vigilancia no sea arbitraria, la ley debe ser justa y razonable.
En este sentido, apuntó que la vigilancia, sea electrónica, con escuchas en las líneas telefónicas, telegráficas y otras formas de comunicación, así como la grabación de conversaciones debería estar prohibida.
El portavoz indicó que el Comité encargado de observar la implementación de la Convención ha estipulado que la recolección y retención de información personal en computadoras, bancos de datos y otros aparatos ya sea por las autoridades o por individuos o instituciones privadas debe ser regulada por ley.